Lo dicho: sin reforma constitucional
Por: Francisco Eguiguren (*)
Días
atrás señalé que las discrepancias políticas entre las bancadas parlamentarias,
y en el interior de algunas de estas, hacían poco probable lograr acuerdos para
alcanzar los votos exigidos para aprobar las reformas constitucionales
propuestas a debate en el Congreso. Pero ni siquiera se ha llegado a
discutirlas, debido a incidentes que llevaron a suspender el asunto hasta nuevo
aviso.
Se
cuestiona a las bancadas Nacionalista y de Unión Por el Perú querer introducir
en el debate nuevas reformas, no previstas originalmente en los temas
programados. Proponen desde el retorno a la Constitución de 1979 hasta la
modificación de aspectos específicos del Régimen Económico de la Carta de 1993,
señalando que la reinstauración de la constitución de 1979 incluso formó parte
de la oferta electoral del Partido Aprista, que el presidente Alan García ha
abandonado.
Es
cierto que los temas ya programados y dictaminados eran la bicameralidad del
Congreso, la renuncia y vacancia del mandato parlamentario, la elección de los
directores de Banco Central de Reversa, entre otros. También se contempla la
reforma de algunos artículos del sistema judicial, propuesta muy limitada y
distante de la del Ceriajus y de la prevista inicialmente en el Congreso, al
punto que aporta poca solución a los graves y urgentes problemas del sistema
judicial. Las nuevas propuestas modificaban la agenda original, pero ello puede
hacerse de existir acuerdo y voluntad política.
El
retorno a la Constitución de 1979 es planteado por diversos sectores políticos
y sociales desde hace varios años; ha sido asumido por las bancadas
Nacionalista y de UPP y por algunos parlamentarios apristas. Siempre he
señalado que existen sobradas razones jurídicas, políticas y éticas para dejar
de lado la Carta de 1993, ya sea volviendo a la Constitución de 1979, con
algunas reformas de actualización, o haciendo una nueva Constitución. Pero el Gobierno,
coincidiendo con el fujimorismo y con otros grupos políticos y empresariales,
no quiere que se reforme el régimen Económico de la Carta de 1993, aduciendo
que ‘’espantaría’’ a los inversionistas. Temen también que se incluyan mayores
derechos sociales y económicos o que redefina el rol del Estado. Es legítimo
tener cualquiera de estas posturas políticas. Lo importante es superar el
impase que bloquea cualquier reforma constitucional. Por ello, lo más razonable
sería someter a votación parlamentaria, de una vez por todas, si se acoge o
rechaza el retorno a la Constitución de 1979, dando por resuelto este asunto y
dejando en claro la posición real de los distintos grupos parlamentarios,
incluyendo al aprismo, claro está.
(*). Perú 21 (12 de junio de
2008)
