REFORMA DEL ESTADO O ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Por: Hector Huerto Milla
Después del paro nacional del 14 de Julio último, ha quedado demostrado que más del 70% de todo el conglomerado social demandan la Convocatoria a una Asamblea Constituyente a efecto de Refundar la República dentro de nuevos objetivos y conceptos de una Democracia real y participativa.
Después del paro nacional del 14 de Julio último, ha quedado demostrado que más del 70% de todo el conglomerado social demandan la Convocatoria a una Asamblea Constituyente a efecto de Refundar la República dentro de nuevos objetivos y conceptos de una Democracia real y participativa.
Sin
embargo, la clase política sigue sorda, muda e indiferente ante el clamor del
pueblo. Persisten tercamente en su programa de la reforma del Estado, con la
única finalidad de contar con mayores recursos económicos para pagar los
servicios de la deuda externa, a costa del hambre, la miseria y el abandono
total del pueblo.
Seguir
gobernado dentro del marco de la Constitución de 1993, facilita a todo gobernante de turno navegar
dentro de la corrupción y la inmoralidad, para luego demandar acciones de "moralización,
investigación, leyes especiales sobre denuncias, incrementos de procuradurías y
otros más", solo con el propósito de crear el ambiente necesario para seguir
gozando del beneficio de la reelección
permanente en el cargo de congresista o de otro nivel que permite una
Constitución obsoleta y corrupta.
Lamentablemente
los partidos políticos han callado en los siete idiomas sobre la demanda
principal de la CGTP con relación al paro nacional. Otros han propuesto su
programa de lucha particular. Este silencio sepulcral nos demuestra que en el Perú existe una Constitución que
solo sirve para mantener a una burocracia dorada que disfruta de los ingresos
de la hacienda pública: Presidente de la República, Ministros de Estado,
Congresistas, Vocales Constitucionales, Vocales Supremos, Superiores y de los
Tribunales Administrativos; Zares, Generales de las FF.AA, Presidentes
Regionales, Alcaldes, Prefectos, Subprefectos y los respectivos Gerentes de
todo nivel dentro de la administración; cuyos cargos y funciones solo
sirven como brazos ejecutores del poder
político de turno. Después de capturar el Poder con el voto obligatorio se
convierten en los verdugos y enemigos del pueblo.
Para
seguir manteniendo los privilegios, ventajas y franquicias que facilita
impunemente la Constitución de 1993 el
cogollo de la clase política solo se refiere a la "Reforma del
Estado", que les permita rematar a precio de chatarra los bienes, recursos y territorios del Estado, bajo el
nombre de protección y promoción a la
inversión privada o para cancelar sutilmente el derecho que tiene el pueblo en el
acceso a la educación, salud, infraestructura vial, energética y demás servicios fundamentales.
Recordemos
que la reforma del Estado, en el caso del Perú, comenzó en los años de 1978,
cuando el Sr. Silva Ruete era Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno del
General Morales Bermúdez, bajo la modalidad de la compra de la renuncia de los
trabajadores de las ex- empresas públicas del Estado. Posteriormente, la misma
receta fue aplicada para todo el sector público nacional por el gobierno de
Fujimori y Montesinos, entre 1992 a Setiembre del 2000. Entonces, queda
demostrado que el pregón de la reforma del Estado solo se ha ejecutado en los
periodos de dictadura y con la única finalidad de reducir la burocracia en los
niveles medianos e inferiores que están siempre al servicio del pueblo, como
son salud, educación vías de comunicación. En cambio la burocracia dorada, en
éste mismo periodo, sumados a los de Paniagua y Toledo, aumentó en cantidad y en
privilegios, más no en méritos y en calidad. Es la clase política-
administrativa más corrupta e inmoral dentro del aparato del Estado.
La
reforma del Estado ha sido propugnada e impulsada por Estados que gozan de una
economía fuerte y sólida como Estados Unidos e Inglaterra, a partir de 1980, con
el objeto de llegar a un gobierno pequeño o a un Estado Mínimo.
Debemos
tener en cuenta, que un "gobierno pequeño" aparentemente ha sido más un
arma de la retórica electoral que un verdadero objetivo de política económica.
Ni siquiera los más rabiosos defensores de la famosa "reforma del
estado" y del achicamiento del gasto público, como Ronald Reagan y
Margaret Thatcher, lograron un progreso significativo en éste terreno (Atilio
A. Borón, Imperio & Imperialismo).
Ante el
fracaso demostrado sobre el tema de la reforma del Estado desde hace 24 años en
el Perú y en los demás Estados del hemisferio, solo queda la convocatoria a una
Asamblea Constituyente, porque solo así se podrá lograr una Democracia
representativa y participativa, y una burocracia necesaria e indispensable para
el servicio del pueblo del Estado, más no como brazo ejecutor del poder
político corrupto, diabólico y degenerado que facilita y permite la
Constitución de 1993.
Al
Refundarse la República como resultado de una Asamblea Constituyente, se debe tener
presente que la burocracia como parte del Estado, nace en Francia pre
revolucionaria con la compra - venta de los puestos públicos, luego vienen los
aportes de Juan Bodino (1530- 1596). A partir de 1660-1715, durante el reinado
de Luis XIV, es "sustituido por una burocracia profesional en constante
expansión que asume la mayor parte de las tareas administrativas. Formación de
un sistema ministerial estable (secretarios de estado), desarrollo de las
oficinas centrales, consolidación de un sistema de las "intendencias"
como instrumento de control burocrático central sobre las
"periferias", son las principales innovaciones administrativas del
periodo" (Ángel Panebianco, Manual de Ciencias Políticas).
Después
de haber transcurrido más de 344 años de la creación de una burocracia
profesional para el servicio del aparato estatal y de todo el pueblo del
Estado, tal como lo demuestra la experiencia de los Estados más desarrollados,
no debemos admitir que la reformar el Estado solo tenga por finalidad reducir
la burocracia en los servicios públicos de salud, educación y de
infraestructura en agravio del gran conglomerado social. El Perú debe contar
con una Escuela Nacional de formación de los servidores públicos, a fin de
evitar la compra-venta de los cargos como pago de las campañas electorales o
como parte de vulgares negocios, tal fue como en Francia del siglo XIV.
Algún
sector podrá afirmar que en el Estado Peruano existen Centros Superiores para
la formación de nuestras FF.AA. y Fuerzas Policiales y la Escuela Nacional de
Diplomáticos. Sin embargo, hemos perdido todas las guerras y las batallas.
También dirán que contamos con centros de formación profesional para docentes,
pero tenemos un nivel alarmante de analfabetos e ignorantes. Existen más de 74
Universidades entre públicas y privadas a nivel nacional, pero nos falta
profesionales idóneos para confrontar los retos de la modernidad.
La
reforma del Estado beneficia únicamente a los corruptos, incapaces e inmorales.
En cambio, la Refundación del Republica, nos permitirá contar con una Escuela
Nacional de Administración Pública que garantice los derechos del pueblo, aun
cuando tengamos que soportar la existencia de burócratas incapaces, indolentes
e inservibles por unos años más.
Huánuco,
23 de Julio del 2004.