¿Cuánto se ha perdido con las dos décadas de pragmatismo y de “hago lo que me conviene”? Nunca lo sabremos, pero es evidente que existe un fuerte deterioro en la institucionalidad de la sociedad peruana. Esa institucionalidad que tanta falta hace y que solo se construye sobre la base de un adecuado “pacto social”, expresado en una Constitución legítima, algo de lo que, lamentablemente, carecemos.
Los defensores del modelo sostienen que el país ha crecido y es verdad; los indicadores del producto dicen que estamos en un país más rico, pero, también los indicadores de nutrición y distribución de riqueza dan cuenta de un país más desigual. Sostienen los defensores que los excluidos deben esperar; que el crecimiento algún día les dará más comida rápida, más microviviendas, más artefactos de ínfima calidad, más celulares recargables con publicidad engañosa, más tarjetas de crédito para la ruleta del pago mensual y más centros comerciales donde pasear a sus hijos. También destacan el bienestar que se ve en calles de Lima y otras provincias capitales y del que solo unos cuantos disfrutan; y, hacen de la Constitución vigente (93), el refugio de toda esa bonanza. En cambio, lo que no quieren ver es el crecimiento de la delincuencia.
Levantan la voz contra aquellos que piden una revisión integral de la Constitución y alegan que “a la gente de a pie no le interesa el tema”. Claro, en veinte años, la desregulación promovida por los mal llamados “técnicos” ha creado ciudadanos sin interés en pensar en “temas difíciles”, sin interés en definir posturas ideológicas, sin interés en un marco constitucional y legal que sea creíble; y, lo que es peor, sin ser capaces de entender que una sociedad no es eficiente sin un pacto social que incluya a todos.
La economía requiere de un marco institucional creíble, solo este puede asegurar el derecho de propiedad, el valor de la moneda, la validez y obligatoriedad de los contratos, la solución judicial de los conflictos. Solo de este marco institucional depende que la economía sea un instrumento para el respeto de la dignidad de la persona, fin supremo de la sociedad y del Estado.
¿Por qué entonces no discutir la reforma de la constitución económica? ¿Acaso la reflexión en busca de mejores consensos no es democrática? ¿Por qué esto debiera generar incertidumbre? ¿Acaso porque los que hoy tienen los beneficios temen perderlos? ¿Acaso porque las minorías apoyan el texto vigente y no les interesa el pensamiento de las mayorías? Estas razones no son valederas, los países deben enfrentar sus problemas sociales y no esconderlos debajo de la alfombra.
Cuando la Constitución deja de expresar a todas las voces pierde valor y se transforma en un “simple pedazo de papel”. El costo de reconstruir la legitimidad constitucional es mucho mayor que el esfuerzo de abrir un espacio de debate y revisión del texto vigente.
La mejor Constitución no es la que adscribe a una ideología donde unos ganan y otros pierden, sino aquella que da oportunidad a todas las formas de entender la realidad, y las acoge; en un país, rico, diverso y multicultural como el nuestro.
La República (29/09/2011)
